En un fallo que sienta un precedente extremadamente peligroso para el ejercicio del periodismo en Argentina, la justicia federal decidió absolver a los máximos responsables del espionaje ilegal desplegado contra más de 400 trabajadores de prensa. El juez Marcelo Martínez de Giorgi justificó el fichaje y perfilamiento ideológico realizado durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo el argumento de razones de «seguridad nacional».
La resolución desincriminó a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a los exdirectivos de Contrainteligencia y Eventos Especiales. La decisión judicial no solo convalida prácticas que vulneran de forma directa la Ley de Inteligencia Nacional, sino que llega en un momento de creciente hostilidades oficiales hacia los medios y los comunicadores.
AFI Y G20: EL ARMADO DE FICHAS IDEOLÓGICAS EN PLENA DEMOCRACIA
La causa judicial se abrió en 2020 tras la denuncia de la exinterventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien halló en una caja fuerte de Contrainteligencia cientos de carpetas con datos de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que solicitaron su acreditación para cubrir la Cumbre de la OMC (2017) y el G20 (2018).
Las fichas, clasificadas mediante un semáforo de colores (rojo, amarillo y verde), no contenían evaluaciones de riesgo de seguridad, sino valoraciones estrictamente políticas y de opinión:
- Menciones sobre la alineación o simpatía con el gobierno de turno.
- Registros de fotos con referentes de derechos humanos.
- Seguimiento de actividad en redes sociales y posturas ante causas sociales.
A pesar de que el artículo 4 de la Ley 25.520 prohíbe taxativamente obtener datos, perseguir o evaluar a ciudadanos por sus opiniones políticas o pertenencia a organizaciones, el fallo encuadró estas tareas como habituales en eventos de envergadura internacional.
ATAQUE A LA LIBERTAD DE PRENSA Y APELACIÓN EN PUERTA
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), querellante en la causa junto al CELS y decenas de trabajadores afectados, confirmaron que apelarán la resolución. La postura gremial sostiene que las opiniones, la ideología o las fotos de un periodista no guardan relación alguna con los operativos de seguridad de una cumbre internacional.
El fallo se conoce en un escenario de altísima tensión para la profesión:
- Represión en la calle: El uso recurrente de equipos de protección frente al accionar de las fuerzas de seguridad durante coberturas en protestas.
- Presión judicial: El avance de querellas penales impulsadas desde el Poder Ejecutivo contra trabajadores de prensa tras la publicación de investigaciones periodísticas.
- Desmantelamiento de medios públicos: El silenciamiento de servicios informativos federales y el vaciamiento de plataformas estatales.
- Precarización laboral: Los embates normativos que amenazan los derechos profesionales y el Estatuto del Periodista.
La validación judicial del espionaje estatal establece una doctrina de amparo a la inteligencia ilegal. Frente al intento de disciplinar el oficio y debilitar la comunicación como derecho social, la resistencia y la disputa por la vía legal y en las calles continuarán siendo la herramienta central en defensa de la libertad de expresión.
